En los Tribunales de Rafaela, la jueza de Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato, dispuso la prisión preventiva sin plazo a un inspector de la Guardia Urbana de Sunchales, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guarda y convivencia. La víctima es una niña que, al momento de los hechos, tenía 12 años y actualmente tiene 13.
La fiscal del caso, Dra. Favia Burella, presentó una serie de pruebas que no solo evidenciaron el abuso sexual sino también los intentos del imputado de evitar la acción de la justicia mediante artilugios insólitos. Uno de los más sorprendentes fue el intento de hacer pasar a un tercero por él para la toma de muestras de ADN.
El acusado, de 44 años, convivía desde hace 8 años con la madre de la menor. La niña, quien reside principalmente con su padre y abuela paterna, visitaba a su madre los fines de semana. En la casa, convivían el imputado, la víctima, y los dos hijos adolescentes del hombre de una relación anterior.
La situación salió a la luz cuando la víctima presentó síntomas médicos que llevaron a su familia a consultar a un ginecólogo. Confirmado su estado por estudios médicos, el 30 de mayo, la profesional del Hospital Almicar Gorosito notificó la situación a las autoridades, iniciándose así la acción judicial.
La investigación reveló que el abuso se habría cometido en febrero durante un viaje familiar a Paraná, aunque las relaciones podrían haber sido más prolongadas. Según las evidencias, el acusado, al enfrentarse a las consecuencias de sus actos, intentó justificar las relaciones diciendo que la niña lo había “violado” a él, aprovechándose de su estado de cansancio por su trabajo.
La trama del caso demuestra una manipulación de la niña, que intentó proteger la identidad del abusador. Lo más grave es que la Fiscalía demostró que el imputado intentó evitar dar muestras de ADN, convenciendo a otro agente de la Guardia Urbana para que se presentara en su lugar, aprovechando un supuesto parecido físico.
En la audiencia también habló la abuela de la víctima, designada como responsable de la guarda de la niña. La situación procesal de la madre biológica de la menor sigue bajo investigación.
Este caso ha conmocionado a la comunidad de Sunchales y pone en relieve la importancia de una rápida y eficaz intervención judicial para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.