En una jornada de alta tensión en los tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de apelación que duró más de 7 horas, donde los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, junto con su madre, Mirta Ofelia Condotto, buscaron la revocación de las medidas cautelares que los mantienen en prisión preventiva desde el pasado 28 de octubre. Los tres son señalados como cabecillas de una asociación ilícita que habría estafado a cientos de personas por varios millones de dólares.
Bajo la presidencia del Juez de Apelaciones en lo Penal, Sergio Alvira, se escucharon los argumentos de las defensas, encabezadas por los abogados José María Silvela, Andrés Colón y Cecilia Álamo, quienes representan a los imputados, así como también a Juan Manuel Lovaiza, defensor de una sobrina de los Spaggiari. En el centro del debate se encuentra la solicitud de levantamiento de la prisión preventiva y de la inhibición de bienes que pesa sobre ellos.
El caso ha conmocionado a la comunidad, ya que los Spaggiari están acusados de organizar un esquema Ponzi, utilizando empresas del grupo familiar como fachada para captar ahorros de particulares, ofreciendo intereses exorbitantes y, según la investigación, desviando esos fondos para beneficio personal. Hasta el momento, se han presentado alrededor de 500 denuncias de presuntas víctimas, con pérdidas estimadas en varios millones de dólares.
Durante la audiencia, se escucharon testimonios desgarradores de algunas de las presuntas víctimas, quienes relataron el impacto devastador que la estafa ha tenido en sus vidas, incluyendo dificultades para acceder a tratamientos médicos urgentes debido a la pérdida de sus ahorros. Sin embargo, también se vivieron momentos de tensión cuando algunas de las víctimas expresaron su opinión sobre los argumentos de la defensa, desatando discusiones en la sala.
Por su parte, los abogados defensores insistieron en negar la existencia de una asociación ilícita, argumentando que las empresas del grupo Spaggiari estaban debidamente registradas y que no hubo intención de cometer delitos. Además, cuestionaron la calificación penal y la falta de precisión en los términos utilizados por la Fiscalía en la acusación.
La fiscalía, representada por Guillermo Loyola, sostuvo la existencia de una organización criminal que operaba bajo el esquema Ponzi, señalando que los imputados eran los únicos beneficiarios de esta estafa masiva. Loyola también refutó los argumentos de las defensas sobre la contadora del grupo, quien, según él, declaró que los fondos de los inversores nunca ingresaron legalmente a las cuentas de las empresas, sino que eran manejados de manera reservada por los Spaggiari.
El juez Sergio Alvira deberá tomar una decisión en los próximos días sobre el pedido de excarcelación de los hermanos Spaggiari y su madre, así como el levantamiento de la inhibición de bienes. Mientras tanto, el caso continúa generando interés y debate en la comunidad judicial de Rafaela, con la esperanza de que se haga justicia para las presuntas víctimas de esta compleja trama de estafa.