La provincia de Santa Fe ha anunciado un significativo incremento del 50% en el monto de la Tarjeta de Ciudadanía.
Este aumento es parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad alimentaria, especialmente ante las alarmantes cifras de pobreza reveladas por el Indec, que señalan una crisis social aguda en el Gran Santa Fe.
Según los datos más recientes del Indec, la pobreza en el Gran Santa Fe ha superado el 60%, situándose casi seis puntos por encima del promedio nacional.
Lo más alarmante es la pobreza infantil, que alcanza un preocupante 80,71%, superando la media nacional por 10 puntos. Estas cifras subrayan la urgente necesidad de intervenciones eficaces para mitigar el impacto de la pobreza en la región.
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, ha confirmado el incremento del 50% en la Tarjeta de Ciudadanía, acompañado de un aumento del 25% en la tarjeta institucional.
“Los datos nos duelen, pero no nos inmovilizan”, afirmó Tejeda, destacando el compromiso de la provincia de seguir trabajando en todas las áreas para abordar esta crisis.
El incremento significa que el gobierno provincial invertirá 2.000 millones de pesos mensuales en seguridad alimentaria, el doble de lo que se destinaba al inicio de la gestión.
Este esfuerzo representa un aumento del 100% en la inversión en comparación con el principio del mandato, evidenciando la prioridad que el gobierno otorga a la seguridad alimentaria en estos tiempos difíciles.
La ministra Tejeda también subrayó la importancia de la construcción de datos precisos sobre los niveles de pobreza para facilitar la toma de decisiones.
“Estamos avanzando en la construcción de la Plataforma Única Social”, explicó, indicando que esta herramienta permitirá obtener datos concretos sobre la intervención de cada persona en los sistemas de salud, educación y otras áreas clave.
Con esta metodología, el gobierno busca asegurar que las decisiones sean austeras pero eficaces, permitiendo inversiones bien dirigidas y con resultados palpables.
Este enfoque es crucial para maximizar el impacto de las políticas sociales y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.