El panorama judicial de Rosario ha sido sacudido recientemente con la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional.
Esta decisión, que se hará efectiva el 1º de septiembre, ha generado diversas reacciones y plantea interrogantes sobre el futuro de la Fiscalía Regional de Rosario.
María Eugenia Iribarren, quien había asumido interinamente el cargo de fiscal regional de la 2ª Circunscripción en agosto de 2020, solicitó el cese de sus funciones para tramitar su jubilación. Esta solicitud fue aceptada por la jefa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich¹.
Desde marzo de este año, Iribarren había visto recortadas sus funciones en la regional Rosario del MPA. Esta intervención parcial fue consecuencia de denuncias presentadas por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su colega Matías Edery, debido a presuntas irregularidades en su relación con una informante imputada en una causa vinculada a la banda criminal Los Monos.
Desempeño y Limitaciones
A pesar de la intervención, Iribarren continuó al mando del resto de la regional, que incluye las localidades de Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo.
Su gestión había comenzado en medio de una crisis institucional, tras el escándalo de corrupción relacionado con el juego clandestino que involucró a su antecesor Patricio Serjal y al exfiscal Gustavo Ponce Asahad.
En abril de 2023, Iribarren asumió formalmente el cargo de fiscal regional, pero su mandato se vio empañado por la falta de apoyo y las continuas intervenciones en la Fiscalía de Rosario.
Esta situación culminó con su decisión de renunciar, expresando su descontento con la falta de respaldo necesario para continuar en el cargo.
La renuncia de Iribarren ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político. Funcionarios de confianza del gobernador y ministros de la Corte provincial han mantenido reuniones para abordar la situación y buscar una solución que permita la normalización de la Fiscalía Regional de Rosario.
La salida de Iribarren marca un punto crítico en la historia reciente del MPA y plantea desafíos significativos para su sucesor. La necesidad de restaurar la confianza en la institución y garantizar la transparencia en sus operaciones será fundamental para el futuro de la Fiscalía Regional de Rosario.