El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, continúa con su agenda reformista y ahora se enfoca en la actualización del Código Procesal Civil y Comercial, una norma vigente desde 1962.
Al igual que en otras reformas clave, el mandatario busca generar consenso político y judicial para llevar adelante este ambicioso proyecto, que tiene como objetivo adaptar la justicia provincial a las necesidades del siglo XXI.
Para materializar esta reforma, Pullaro firmó un decreto que establece la creación de una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley. Esta comisión estará conformada por representantes de diversos sectores: la política, la Justicia y la academia.
Además, se les otorgará la posibilidad de convocar a especialistas y realizar audiencias públicas en diferentes departamentos de la provincia. La comisión tiene un plazo inicial de 90 días, prorrogables, para presentar el proyecto.
En el decreto, Pullaro destaca la necesidad de simplificar y modernizar los procedimientos judiciales, haciendo hincapié en la incorporación de nuevas tecnologías.
“Es necesario tener en cuenta a las tecnologías informáticas y de comunicaciones para reestructurar los procesos para el siglo XXI”, subraya el documento, que también lleva la firma del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía.
El actual Código Procesal Civil y Comercial está en vigor desde hace más de 60 años y, según los impulsores de la reforma, se ha vuelto obsoleto.
“Todos reconocen que es una estructura anticuada, con procesos antiguos. Queremos hacer en materia civil lo mismo que en lo penal y pasar a un sistema oral y moderno”, señaló uno de los funcionarios cercanos a Pullaro.
Entre los integrantes de la comisión se encuentran importantes figuras como el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y representantes de los Colegios de Abogados y universidades de la región. La Legislatura también tiene un rol relevante, con diez representantes de ambas Cámaras involucrados en la redacción del proyecto.
En la Casa Gris confían en que la mayoría de Unidos en la Legislatura permitirá aprobar el proyecto sin mayores inconvenientes. Sin embargo, están atentos a posibles correcciones antes de llevar la iniciativa a votación. “Pretendemos que si hay cuestiones a corregir se hagan antes y que el proyecto no se clave en la Legislatura”, comentan desde el Ejecutivo provincial.
La reforma del Código Procesal Civil y Comercial no es un tema nuevo en la política santafesina. En su momento, el exgobernador Miguel Lifschitz intentó una actualización sin éxito. Este año, el bloque socialista presentó un proyecto para armonizar el código provincial con el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado en 2015.
El derecho civil y comercial impacta en la vida cotidiana de todos los santafesinos, ya que regula aspectos como el derecho de familia, sucesiones, divorcios y derechos de usuarios y consumidores.
La celeridad y eficiencia con la que se resuelvan estos conflictos dependen en gran medida de la actualización del sistema judicial. “La forma en que se desarrollen estos procesos, más rápido o más lento, es clave para darle soluciones a la gente”, afirmó la diputada socialista Gisel Mahmud, miembro de la comisión.
Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de reforma judicial que Pullaro busca implementar en Santa Fe. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador fue categórico al afirmar que “Santa Fe tiene una Justicia cara e ineficiente”.
}Un capítulo esencial de este proceso será la renovación de la Corte Suprema, un tema que el gobierno quiere acelerar, dado que cinco de los seis miembros del tribunal han superado el límite de edad.