Provincia adjudicó la ampliación de la cárcel en Recreo pese a la oposición vecinal

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En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el impacto social, el Gobierno de Santa Fe oficializó la adjudicación de la ampliación de la *Unidad Penitenciaria Nº 9* en Recreo. A través del decreto 2332, la obra fue asignada a tres empresas distintas, consolidando una inversión superior a los 13 mil millones de pesos por sector, a pesar del marcado rechazo de los vecinos de la localidad.

Detalles de la obra y distribución de recursos

El proyecto contempla la construcción de tres nuevas unidades penitenciarias: dos destinadas a hombres, con una capacidad de 168 celdas cada una, y una para mujeres, con 139 celdas. En total, estas instalaciones permitirán alojar a 880 internos, representando una ampliación significativa del sistema carcelario provincial.

La ejecución de la obra se dividió en tres subunidades, adjudicadas a distintas empresas:

– Subunidad 1: A cargo de MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de $13.953 millones.
– Subunidad 2: En manos de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por PIRÁMIDE CONSTRUCTORA S.A. y COEMYC S.A., con un presupuesto de $13.909 millones.
– Subunidad 3: Adjudicada a DE PAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S.R.L., por $13.243 millones.

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El plazo de ejecución está estipulado en 480 días calendario según informaron las autoridades.

Reclamos de los vecinos y desafíos sociales

Los habitantes de Recreo han expresado su descontento desde el anuncio del proyecto, argumentando que la ampliación podría generar un impacto negativo en la seguridad y calidad de vida de la comunidad. A su vez, cuestionaron la falta de instancias de consulta previa y la escasa consideración de las preocupaciones locales.

Nosotros comprendemos la necesidad de mejorar la infraestructura penitenciaria en la provincia, pero también resulta fundamental que estos proyectos se desarrollen con un diálogo abierto y transparente, minimizando los conflictos sociales y priorizando el bienestar de todas las partes involucradas.

El inicio de las obras plantea, además, un desafío para las autoridades, que deberán garantizar tanto la correcta ejecución del proyecto como una respuesta efectiva a las demandas de la comunidad.

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