Así lo adelantó el fiscal Martín Castellano en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de Rafaela. El hombre que fue investigado tiene 33 años, sus iniciales son IAB y además se le atribuyó la autoría de delitos contra la integridad sexual de una sobrina menor de edad. En el mismo legajo, está acusada como partícipe secundaria del homicidio una mujer de 38 años e iniciales MAP, para quien la Fiscalía solicitará una condena a nueve años de prisión.
El MPA solicitará 40 años de prisión para un hombre de 33 años, cuyas iniciales son IAB, que está acusado por haberle quitado la vida a Julio Ramón Funes en 2020 en Rafaela (departamento Castellanos). Así lo adelantó el fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección Homicidios de la Unidad Fiscal Especial de la Fiscalía Regional 5, en la audiencia preliminar que se realizó en los tribunales de Rafaela ante el juez Javier Bottero.
En el mismo legajo, está acusada como partícipe necesaria del homicidio una hermana del hombre al que se investigó como autor. La mujer tiene 38 años y sus iniciales son MAP. De acuerdo con lo informado en la audiencia, la Fiscalía pedirá que sea condenada a nueve años de prisión.
Castellano recordó que “en una fecha comprendida entre los miércoles 18 y 25 de marzo de 2020, los acusados llevaron a cabo sus conductas delictivas en una vivienda rafaelina ubicada en Soldano al 1.300″.
Relató que “luego de una discusión, el hombre de 33 años utilizó cables para atar los pies y las manos de la víctima”, y agregó que “contó con la colaboración de su hermana”. En tanto, sostuvo que “con voluntad de matar, el acusado golpeó violentamente a Funes en la cabeza con una pala de hierro, lo que provocó su fallecimiento en el lugar”.
“Tras el ataque, el acusado llevó el cuerpo sin vida a una habitación en la parte delantera del domicilio, lo colocó sobre una cama y lo tapó, con el fin de disimular lo sucedido ante la posible llegada de vecinos”, explicitó. “Para ello, la mujer de 38 años cooperó de manera no esencial”, añadió.
Asimismo, expuso que “transcurridos algunos días, los acusados trasladaron el cadáver de Funes hasta un galpón cerrado localizado en el fondo de la vivienda”, y remarcó que “lo dejaron allí hasta el domingo 29 de marzo de 2020 a la tarde, cuando lo prendieron fuego con la clara intención de eliminar los rastros del accionar ilícito”.
El funcionario del MPA puntualizó que “al acusado además se le endilgó haber abusado de una sobrina entre 2008 y 2016, época en la que ella transitó los primeros años de la escolaridad primaria”.
Precisó que “el hombre de 33 años vulneró la integridad sexual de la niña en dos viviendas ubicadas en Rafaela”, y subrayó que “se aprovechó de la corta edad de la víctima, de la situación de vulnerabilidad en la que ella estaba y de la relación de dependencia que tenía con él”. Al respecto, especificó que “le decía que si contaba lo ocurrido no le creerían y la tratarían de mentirosa”.
Según afirmó el fiscal, “los abusos tuvieron entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña”.
El hombre de iniciales IAB está acusado como autor de homicidio doloso simple; abuso sexual agravado (por haber mediado acceso carnal a una menor de 13 años y mediando abuso coactivo); abuso sexual simple a una menor de 13 años y promoción de la corrupción de menores.
Por su parte, la mujer de 38 años está acusada como partícipe secundaria de homicidio doloso simple.
Tras la audiencia preliminar que se desarrolló en los tribunales rafaelinos, el juez Bottero resolvió por escrito las cuestiones planteadas por las partes. Admitió la acusación de la Fiscalía tal como fue presentada en cuanto a la calificación penal de los ilícitos y la pena solicitada.
Además, luego de las convenciones probatorias entre el representante del MPA y la Defensa de los acusados, el magistrado admitió que en el debate participen 60 testigos propuestos por la Fiscalía y 14 por parte de la Defensa, y que el MPA aporte las pruebas documentales recabadas durante la investigación.
Ahora, el juez debe dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se lleve adelante un debate oral.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela estará a cargo de sortear el tribunal, que será pluripersonal, y fijar la fecha para el inicio del juicio.
Fiscalía Regional 5
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