El Ministerio de Justicia de Argentina, a través de la Resolución 141/2024 publicada recientemente en el Boletín Oficial, ha decidido eliminar la Resolución de 2019 que permitía tramitar el Certificado de Antecedentes Penales en los Registros de la Propiedad del Automotor.
Esta medida se tomó debido a que el Registro Nacional de Reincidencia ha experimentado un profundo proceso de avance tecnológico. Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden solicitar, abonar y diligenciar sus Certificados de Antecedentes Penales de forma totalmente digital, sin necesidad de concurrir de modo presencial a ninguna Sede Descentralizada o recurrir a Unidades de Expedición y Recepción (UER).
Por lo tanto, Justicia ha instruido al Registro de Reincidencia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor a arbitrar las medidas necesarias para proceder a la desinstalación de las UER emplazadas en los términos de la Resolución 72/2019 del 18 de enero de 2019.
Desde diciembre de 2019, el Certificado de Antecedentes Penales podía realizarse en todos los Registros de la Propiedad Automotor, con el fin de “agilizar los tiempos de gestión”, según justificó el Poder Ejecutivo en aquel entonces.
Este Certificado es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia mediante el cual se certifica la existencia o no de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante. Este trámite resulta indispensable para el desempeño de una importante cantidad de actividades laborales y comerciales, como al momento de ingresar a un nuevo trabajo o solicitar la licencia profesional de conducir, entre otras.
Esta decisión se suma a otra vinculada con la actividad registral que el Gobierno tomó durante la semana pasada, cuando la AFIP eliminó el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) para vehículos usados.
Los encargados de los Registros del Automotor han cuestionado en numerosas oportunidades que les hayan sumado tareas que no les son propias, ya que por ejemplo todavía funcionan como agentes de recaudación de impuestos provinciales o tasas municipales, además de tareas de control delegadas por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las simplificaciones que el Ministerio de Justicia viene aplicando encauzan el verdadero carácter de registradores, aseguran en el sector. Estos cambios representan un paso significativo hacia la modernización y digitalización de los servicios públicos en Argentina, lo que sin duda beneficiará a los ciudadanos y mejorará la eficiencia de los procesos burocráticos.
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