El viernes 1 de diciembre, la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) llevó a cabo su Asamblea en la que resultó elegido como presidente. ¿Qué significado tiene este nombramiento para usted, tanto a nivel personal como miembro de la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE)?
En primer lugar, es motivo de orgullo y honor; y una gran responsabilidad para la cual me he estado preparando. Haber co fundado y presidido la CRESE me brindó esta oportunidad.
La experiencia adquirida en este camino, junto con mi participación en las comisiones del CCIRR y en otras cámaras como la Asociación de Electricistas y Afines de Rafaela (ASELAF) y el Clúster de Empresas del Conocimiento (CEDI), más las oportunidades de diálogo con otras instituciones en la ciudad de Rafaela, permitieron la creación de ordenanzas y la firma de convenios público-privados.
Esto, así como la participación en reuniones institucionales con el Ministerio Público de la Acusación y en el Comando Unificado, me proporcionó una visión integral de la problemática de la inseguridad, y me permitió adquirir una perspectiva especial desde las fuerzas públicas.
Esta representación a nivel nacional nos va a permitir lograr objetivos que desde lo municipal no eran posibles, debido a las competencias limitadas del ámbito local.
Los desafíos son variados y complejos. Por un lado, está la dificultad de trabajar a un nivel técnico y de calidad de servicio, lo cual choca con la realidad económica del país. La inversión en seguridad no genera ganancias directas, sino que previene pérdidas, lo cual es difícil de medir. Además, la falta de regulación y normativas conduce a una competencia basada exclusivamente en el precio, lo que impide la implementación de las mejores medidas y perjudica a la actividad.
En cuanto a la relación con el Estado, se necesita la implementación de sistemas informáticos con canales exclusivos para empresas de monitoreo, así como protocolos y registros de la actividad. Actualmente, la provincia de Santa Fe carece de un lenguaje técnico-operativo, a diferencia de otras jurisdicciones con casos de éxito, lo que afecta la eficiencia y la gestión de los recursos estatales.
En otro orden, existe un proyecto de ley para regular la actividad de monitoreo de alarmas, desarrollado a lo largo de años en colaboración con otras cámaras nacionales, como la CEMARA y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), que aportan experiencias nacionales e internacionales. Otro desafío radica en el ámbito judicial, ya que la falta de jurisprudencia específica complica la definición de responsabilidades.
La ciudadanía también debe comprender su rol en el buen uso, actualización, mantenimiento, pruebas y alcances de un sistema de seguridad electrónico. Además, se destaca la necesidad de superar problemas internos en algunas empresas, que priorizan el beneficio económico por sobre una solución integral y amplia.
En resumen, el objetivo y desafío es valorar la seguridad privada en todas sus ramas y lograr el reconocimiento de su importancia en la cadena, dado que somos los primeros en detectar y responder a un incidente; por lo que es fundamental que podamos filtrar, resolver y trabajar en cooperación con las fuerzas de seguridad públicas.
En abril de este año, CRESE firmó un convenio con el Municipio para vincular las videocámaras privadas dirigidas hacia la vía pública con el Centro de Monitoreo Urbano. ¿Cuáles son los avances en la implementación de este acuerdo?
El Municipio ha provisto los equipos y la conectividad necesarios para instalarlos en la Guardia Urbana. Sin embargo, la cuestión económica sigue pendiente debido a la inflación elevada y los impuestos internos sobre los gastos operativos necesarios para brindar el servicio de la plataforma.
Además de esta iniciativa, ¿qué otras cuestiones requieren del trabajo conjunto entre lo público y lo privado? ¿Cómo puede contribuir CRESE en este sentido?
El programa de alarmas comunitarias debe actualizarse, aprovechando los sistemas integrados con aplicaciones móviles y otras innovaciones que pueden reducir significativamente los costos de adquisición. Es esencial destacar la manera institucional en que se abordó este tema, con consenso en el CCIRR. Esperamos que en la nueva gestión se mantenga esta política de Estado a nivel municipal.
La cuestión del costo de estas alarmas se cuestionó, pero es importante tener en cuenta que el 80% o más del costo se debe a equipos eléctricos normalizados, siguiendo buenas prácticas de instalación y normas. Además, cabe destacar que se pidieron los permisos a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para las conexiones a la red eléctrica y que se trabajó sobre la base de sus exigencias, algo que no sucede en otras localidades.
Un aspecto relevante, en tiempos de cambio de gobierno, es que este no debería competir con la actividad eficiente del sector privado, sino complementarse mediante vínculos público-privados bien establecidos. La decisión política es clave para lograr este enfoque beneficioso para el ciudadano, las empresas y el Estado mismo.