La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Valentín Hereñú, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de Vera. Al imputado además se le endilgó haber amenazado con una cuchilla a su exsuegra.
Había sido detenido el sábado pasado a la mañana y, por orden del juez Gustavo Gon, hoy recuperó su libertad a pesar de que el funcionario del MPA había pedido la prisión preventiva.
El magistrado dispuso para el investigado una “prohibición de contacto y acercamiento a las víctimas, con excepción de los lugares públicos en el ejercicio de su función pública”, entre otras normas de conducta.
El presidente comunal de Intiyaco (departamento Vera), quien tiene 44 años y sus iniciales son FADR, fue imputado por ejercer violencia de género en perjuicio de una mujer que es su expareja y la vicepresidenta comunal de esa localidad. A su vez, se le endilgó una amenaza cometida con una cuchilla en contra de su exsuegra.
La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Valentín Hereñú ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Gon, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de Vera.
Medidas alternativas
El funcionario del MPA puntualizó que “a pesar de que solicitamos que el imputado transite el proceso judicial en prisión preventiva, el juez no hizo lugar a nuestro requerimiento y ordenó medidas alternativas”. Según afirmó, “el hombre investigado estuvo detenido desde el sábado a la mañana y, luego de la audiencia, recuperó su libertad”.
Hereñú indicó que “el magistrado sostuvo que las evidencias que presentamos son suficientes para acreditar la materialidad de los ilícitos y la posible autoría, con el grado de probabilidad necesario en esta etapa”, y agregó que “consideró que la pena en expectativa podría ser de cumplimiento efectivo”. No obstante, informó que “el juez negó la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio, por lo cual desestimó la preventiva”.
Entre las normas de conducta impuestas al hombre investigado hay una “prohibición de contacto y acercamiento a las víctimas, con excepción de los lugares públicos en el ejercicio de su función pública”. Tampoco podrá tener o portar armas de fuego, deberá fijar domicilio, someterse al cuidado de una persona guardadora y presentarse cada vez que sea citado.
Por otro lado, el fiscal hizo referencia a la ‘viralización’ de imágenes de una situación de violencia de género que la víctima habría sufrido por parte del imputado y aseveró que “por el modo de difusión, la mujer quedó expuesta a mayores riesgos”.
Violencia física y psicológica
“Los delitos que investigamos se enmarcan en una relación de pareja que el imputado y la víctima tuvieron desde 2018, en la que fueron frecuentes las agresiones verbales y físicas de él hacia ella”, informó el fiscal.
“Se configura así un sostenido contexto de violencia de género, de tipo física y psicológica, en la modalidad de violencia doméstica, en los términos de la ley 26.485 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres”, argumentó Hereñú en la audiencia.
El fiscal investiga dos ilícitos denunciados por su expareja. El primero de ellos fue el viernes 15 de marzo, y el segundo fue el martes 20 de agosto.
“En una oportunidad, el imputado golpeó en el tobillo derecho a la víctima, a quien le provocó un esguince que fue constatado clínicamente”, precisó el fiscal.
En relación al otro hecho, expuso que “meses después, el hombre investigado fue a la casa de su exsuegra, la obligó a subir a su camioneta y circuló por las calles de Intiyaco mientras la amedrentaba con una cuchilla“. Relató que “durante el viaje, la amenazó de muerte y le dijo que también les haría daño a su expareja y a un hijo de ella –quienes, respectivamente, son la hija y el nieto de la mujer intimidada”.
Calificaciones legales
Por el primero de los hechos investigados, al imputado se le atribuyó la autoría del delito de lesiones leves calificadas (por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género). En tanto, por el otro ilícito se le endilgó la autoría de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.
Antecedente condenatorio
El imputado además es cirujano y el año pasado fue condenado como autor del homicidio culposo de la niña Estefanía Alejandra Altamirano, quien falleció a los cuatro años como resultado de la atención negligente que él le brindó en el hospital de Intiyaco. Tal sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral y público y confirmada en segunda instancia.