El Gobierno suspendió el otorgamiento de Créditos Anses, una medida que afecta a millones de argentinos que dependían de estos préstamos para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.
La decisión fue tomada por el Ejecutivo en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
La resolución que justifica la medida explica que la actual inversión en el Programa de Créditos ANSES debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales.
En función de ello, se señala que “es indudable que la situación de la Argentina es extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra historia”, por lo cual se justifica “la suspensión transitoria del Programa Créditos ANSES, como una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo”.
La suspensión de los Créditos Anses tendrá un impacto significativo en la economía de millones de argentinos. Según datos de la ANSES, en 2022 se otorgaron más de 5 millones de préstamos por un total de $150.000 millones.
Los beneficiarios de estos préstamos son, en su mayoría, trabajadores informales, monotributistas y jubilados con bajos ingresos. Para ellos, los créditos de la ANSES eran una importante fuente de financiamiento para cubrir gastos urgentes, como la compra de medicamentos, alimentos o insumos para el hogar.
La suspensión de los préstamos también afectará a las empresas que se dedican a la venta de bienes y servicios a plazos. Estas empresas dependen de los créditos de la ANSES para financiar sus ventas, por lo que la suspensión de los préstamos podría generar un impacto negativo en su actividad.
La decisión del Gobierno de suspender los Créditos Anses fue criticada por varios sectores de la oposición. La Unión Cívica Radical (UCR) calificó la medida de “injusta y discriminatoria” y reclamó su inmediata revocación.
El Frente de Todos, por su parte, defendió la medida y argumentó que era necesaria para preservar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).