En un anuncio contundente, el presidente Javier Milei confirmó la implementación de una medida clave en la política de seguridad del Gobierno. A partir de ahora, estará prohibido el traslado de presos por cuestiones de género, una decisión que busca poner fin a lo que el mandatario calificó como “abusos del sistema penitenciario” bajo el paraguas de la ley de igualdad de género.
El trasfondo de la medida: casos controvertidos y seguridad penitenciaria
El anuncio se produjo tras conocerse que Guillermo Cantero, líder de la banda Los Monos, presentó 10 hábeas corpus argumentando autopercibirse mujer para solicitar un cambio de penal. Según Milei, este tipo de maniobras “premian la creatividad de los criminales” y representan una falta de respeto hacia las víctimas del delito.
El presidente denunció que algunos convictos utilizan estas solicitudes para aprovecharse de las reclusas o gestionar actividades ilícitas desde condiciones más favorables, generando inseguridad en los establecimientos penitenciarios. En su discurso, enfatizó que la prioridad del Estado debe ser proteger a las víctimas y no facilitar beneficios indebidos a los victimarios.
Milei también destacó que la política busca devolver el protagonismo a las fuerzas de seguridad. “Los buenos son los de azul, los malos son los delincuentes”, afirmó, subrayando que en su administración no habrá espacio para el garantismo que “solo perpetuaba el crimen”.
Cambios estructurales: trabajo penitenciario y control en las cárceles
En línea con esta decisión, el mandatario resaltó los avances en la gestión del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Entre las medidas, mencionó que se ha logrado erradicar los piquetes y poner a trabajar a los presos en tareas que compensen el daño causado a la sociedad.
Asimismo, Milei confirmó la eliminación del acceso a celulares en cárceles federales, declarando que “se acabó el ‘Viva la Pepa’ de manejar negocios desde prisión”.
Este anuncio, realizado durante el acto de entrega de sables en la Casa Rosada, marca un cambio de enfoque en la gestión penitenciaria, priorizando la seguridad, el control y la reparación del daño social causado por los delitos. Sin dudas, se trata de una medida que continuará generando debate en el ámbito político y social.