El Gobierno de Javier Milei ha anunciado cambios significativos en el registro automotor con el objetivo de simplificar los trámites y reducir costos para los ciudadanos. Las resoluciones 272/2024 y 273/2024, publicadas en el Boletín Oficial, introducen una serie de reformas que afectan la compra, venta y administración de vehículos en Argentina.
El lunes, el Gobierno dio a conocer dos resoluciones clave que buscan eliminar los obstáculos burocráticos en el registro de vehículos.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para desburocratizar y modernizar el sistema de registros automotores.
Las resoluciones 272/2024 y 273/2024, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, introducen cambios significativos:
El Gobierno ha estimado que las nuevas medidas representarán un ahorro significativo tanto para los ciudadanos como para el Estado.
Se calcula que los ciudadanos podrían ahorrar alrededor de $36 millones anuales, mientras que el Estado podría reducir sus gastos en unos $1.300 millones mensuales.
Estas reformas también tienen un impacto en la eficiencia administrativa. La digitalización de documentos y la reducción de costos asociados con los trámites buscan simplificar el proceso para los usuarios, facilitando la compra y venta de vehículos y reduciendo la carga administrativa para las autoridades.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que “se bonificará al usuario el título, la cédula verde, la patente y las dos firmas certificadas”.
Esta medida está alineada con el objetivo del presidente Javier Milei de “sacarle el peso del Estado a los argentinos de bien”, buscando una administración pública más eficiente y menos costosa.
Con la implementación de estas reformas, se espera una modernización significativa en la gestión de los registros automotores en Argentina. La digitalización y la reducción de costos no solo prometen hacer los trámites más accesibles y menos costosos, sino también fomentar una mayor transparencia y eficiencia en el sistema.
Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno con la simplificación administrativa y la reducción de la carga financiera para los ciudadanos. A medida que se implementen, se monitoreará su impacto para asegurar que cumplan con los objetivos propuestos y continúen beneficiando a la población en general.