En el contexto actual de Santa Fe, el debate sobre la gestión y posible privatización de las empresas públicas ha alcanzado una intensidad notable.
Maximiliano Pullaro, el actual gobernador de la provincia, ha puesto el tema en la agenda pública, advirtiendo que “si queremos defender lo público, tenemos que cambiar y transformar las cosas”.
Este artículo profundiza en las declaraciones del gobernador, el contexto detrás de sus palabras y las posibles implicaciones para empresas como ASSA (Aguas Santafesinas Sociedad Anónima) y EPE (Empresa Provincial de la Energía).
El gobernador Pullaro ha sido claro en su mensaje: las empresas públicas deben reformarse si se busca mantenerlas bajo control estatal y mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos.
Según su diagnóstico, las dificultades que enfrentan estas empresas no solo son de carácter estructural, sino también el resultado de lo que él describe como “descalabros y abusos” que se han perpetuado durante años.
En este sentido, Pullaro ha señalado dos problemas fundamentales:
Estas críticas reflejan la visión del mandatario de que para que lo público funcione de manera eficiente y en beneficio de todos, es necesario cambiar las reglas del juego. La pregunta clave es: ¿estamos ante una reforma necesaria o una antesala a la privatización?
La oposición no ha tardado en manifestar sus sospechas ante las declaraciones de Pullaro. Marcos Corach, diputado justicialista y exministro de Omar Perotti, fue uno de los primeros en denunciar que el gobierno actual busca “demonizar” tanto a EPE como a ASSA, con la intención de allanar el camino hacia una eventual privatización.
Para Corach, las medidas anunciadas no son más que un intento de desprestigiar a las empresas públicas para justificar su traspaso al sector privado.
Sin embargo, Pullaro ha eludido responder directamente a estas acusaciones, manteniendo su discurso centrado en la necesidad de transformación.
Según el gobernador, su única intención es mejorar el servicio y garantizar que las empresas públicas sean sostenibles a largo plazo. “Se terminó la joda en estas empresas”, declaró, insistiendo en que lo que se busca es transparencia y eficiencia en la gestión.
El futuro de EPE y ASSA está inmerso en un complejo escenario político. Las reformas que Pullaro busca implementar, especialmente en lo que respecta a las condiciones laborales y de contratación, enfrentan resistencias tanto dentro como fuera de la legislatura.
En reuniones con distintos bloques políticos, incluidos el PRO y el Socialismo, el gobernador ha buscado construir consensos para llevar adelante su plan de gobierno, que incluye la reforma constitucional y la elaboración del presupuesto para 2025.
En este último punto, la aprobación de la ley tributaria y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se perfilan como elementos clave para la gestión de Pullaro.
Estos instrumentos, aunque relacionados con la política fiscal y económica, también tendrán un impacto en las empresas públicas, ya que podrían determinar el grado de intervención estatal en sectores estratégicos como la energía y el agua.
A nivel provincial, la discusión sobre la posible privatización de EPE y ASSA sigue siendo un tema sensible. Las empresas de servicios públicos son vistas por muchos como un patrimonio que debe ser preservado.
Sin embargo, la situación deficitaria de ambas compañías, según el diagnóstico del oficialismo, exige medidas urgentes. La gran cuestión es si la sociedad santafesina está dispuesta a aceptar los cambios propuestos por Pullaro, que podrían implicar ajustes dolorosos para ciertos sectores.
Una de las áreas más controvertidas en las declaraciones del gobernador fue su referencia al sistema de contratación en la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La “bolsa de trabajo” ha sido una tradición en la empresa, permitiendo a familiares de empleados acceder a puestos laborales. No obstante, este sistema ha sido señalado como una de las causas de la ineficiencia dentro de la empresa, al no garantizar que los empleados más capacitados ocupen los cargos disponibles.
Para Pullaro, esta práctica es insostenible. “Se terminó la joda”, fue su sentencia. A partir de ahora, la contratación en EPE deberá basarse en criterios de meritocracia, donde los mejores perfiles sean los que accedan a los puestos de trabajo, sin importar su linaje familiar.
Este enfoque, que busca profesionalizar la administración pública, puede chocar con las tradiciones arraigadas y generar tensiones con los sindicatos que defienden los derechos adquiridos de los trabajadores.
La palabra “privatización” ha resonado con fuerza en los últimos meses en Santa Fe. Aunque Pullaro no ha hablado abiertamente de privatizar EPE o ASSA, las medidas propuestas y la retórica utilizada han hecho que muchos actores políticos y sindicales levanten la guardia.
El temor a que el sector privado tome control de empresas públicas estratégicas no es infundado, dada la historia reciente en Argentina, donde varias empresas estatales fueron privatizadas en los años 90, con resultados mixtos.
La oposición, encabezada por figuras como Marcos Corach, ha sido clara en su postura: las reformas propuestas por el gobernador son el preludio de una privatización.
Sin embargo, el oficialismo sigue sosteniendo que su objetivo es mejorar la eficiencia de las empresas públicas, no desmantelarlas. La falta de claridad en torno a los planes de largo plazo para EPE y ASSA genera incertidumbre, tanto entre los trabajadores como entre los ciudadanos que dependen de estos servicios esenciales.