“El controvertido caso de ‘Yiyo’ Ramallo: Entre la violencia y la justicia”

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El 13 de diciembre de 2018 quedó marcado en las crónicas nacionales por un evento que sacudió los Tribunales de Rafaela. Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, protagonista de una extensa lista de imputaciones, se vio envuelto en un acto de violencia sin precedentes durante una audiencia dirigida por el fiscal Guillermo Loyola.

Mientras escuchaba las acusaciones en su contra, Ramallo, en un arrebato inusitado, lanzó un cesto de residuos contra la cabeza del fiscal, causándole contusiones.

Desde ese incidente, cada comparecencia de los miembros de su banda en los tribunales ha estado marcada por operativos de seguridad masivos para evitar posibles actos de violencia.

Sin embargo, Ramallo no ha vuelto a pisar los tribunales en persona. Ha seguido de cerca las audiencias desde una serie de cárceles, siendo trasladado de una a otra con el fin de garantizar su seguridad y la de los demás involucrados.

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Este viernes, Ramallo debía comparecer ante la jueza Cristina Fortunato para discutir la extensión de su prisión preventiva en varias causas pendientes. Sin embargo, Ramallo decidió tomar un nuevo rumbo al designar a la abogada Verónica Casanova y solicitar asistir personalmente a la audiencia, lo que habría requerido un complejo operativo de seguridad.

La jueza Fortunato, actuando en concordancia con la ley de ejecución penal para presos considerados de “alto perfil”, categoría en la que se encuentra Ramallo, no aceptó la solicitud del imputado.

A pesar de sus objeciones sobre la presunta violación de sus derechos al no permitirle asistir presencialmente, la audiencia se llevó a cabo sin mayores contratiempos. Se decidió extender por un año más el régimen de prisión preventiva para las causas específicas relacionadas con los homicidios en Rafaela.

Este episodio no solo arroja luz sobre la complejidad del sistema judicial argentino, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales, especialmente en casos que involucran a individuos considerados de extrema peligrosidad como Ramallo.

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