San Cristóbal, Santa Fe – 10 de mayo de 2024 – Un sofisticado ataque cibernético ha puesto en jaque a la Unidad Regional XIII (URXIII) de la Policía de Santa Fe, con sede en el departamento San Cristóbal.
Según pudo saber Ultimas24 de fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, delincuentes informáticos hackearon la cuenta bancaria de la dependencia y la utilizaron para triangular fondos sustraídos a una empresa de Buenos Aires, causando un perjuicio millonario.
Modus operandi y robo millonario
El modus operandi de los ciberdelincuentes consistió en la instalación de un virus troyano en una computadora de la URXIII. Este malware les permitió a los hackers obtener las claves de acceso a la cuenta bancaria de la Policía, desde la cual desviaron alrededor de 9 millones de pesos.
Si bien el Nuevo Banco de Santa Fe logró bloquear la cuenta tras detectar la maniobra irregular, los fondos sustraídos no pudieron ser recuperados. La entidad bancaria informó que los mismos quedarían liberados en un plazo no menor a tres meses, generando un importante inconveniente para la fuerza policial, que depende de estos recursos para el pago de adicionales a su personal.
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El hackeo a la cuenta bancaria de la URXIII no es un hecho aislado. Ultimas24 pudo reconstruir que en los últimos meses, otras dependencias de la Policía de Santa Fe, así como escuelas de la provincia, también han sido víctimas de ataques cibernéticos similares.
Esta escalada de ataques informáticos ha generado gran preocupación en las autoridades oficiales, quienes buscan reforzar las medidas de seguridad para proteger los sistemas informáticos y evitar nuevos perjuicios.
Investigación en curso y delitos informáticos
La investigación del hackeo a la URXIII quedó en manos de la Unidad Fiscal del departamento San Cristóbal. En principio, se presume que se cometieron dos delitos: contra la propiedad y contra la administración pública. En el primer caso, se encuadran las estafas informáticas y el daño informático. En el segundo caso, se sanciona a quienes sustraigan o alteren datos o documentos electrónicos de la administración pública.