La Justicia ha dictaminado que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, deberá entregar el 30% de su jubilación de privilegio a su ex pareja, Fabiola Yañez, en beneficio de su hijo en común, Francisco Fernández Yañez.
Este fallo surge en medio de una disputa legal que incluye denuncias de violencia de género presentadas por Yañez contra el exmandatario.
Alberto Fernández, quien se beneficia de una jubilación especial que asciende a aproximadamente 10 millones de pesos mensuales, fue demandado por Yañez, quien inicialmente había solicitado el embargo total de la pensión.
Sin embargo, el Juzgado Civil número 102 determinó que el expresidente deberá ceder solo el 30% de sus ingresos, lo que representa una suma cercana a los tres millones de pesos mensuales.
El dinero estará destinado a la manutención de su hijo, Francisco, aunque será administrado por Fabiola Yañez debido a que el niño es menor de edad.
El fallo judicial establece que el monto deberá ser retenido mensualmente y depositado dentro de los primeros tres días de cada liquidación.
Esta decisión crea un importante precedente en casos donde las pensiones de privilegio están involucradas en disputas legales por manutención.
El destino del dinero será exclusivamente para Francisco Fernández Yañez, pero su madre, en su calidad de representante legal, se encargará de administrar los fondos.
Este punto ha sido clave en la resolución del conflicto judicial, dado que las denuncias de Yañez contra Fernández no solo están centradas en el ámbito económico, sino también en cuestiones relacionadas con la violencia de género.
La disputa legal entre Fernández y Yañez no solo ha girado en torno a lo económico. Fabiola Yañez ha presentado denuncias por violencia de género, alegando agresiones ocurridas durante el mandato de Fernández como presidente. Aunque estos señalamientos no han culminado en un fallo definitivo, la acusación se encuentra bajo investigación, añadiendo una dimensión más compleja al conflicto entre ambos.
Este caso ha atraído una considerable atención mediática, no solo por tratarse de figuras públicas sino también por la relevancia social del fallo.
La relación entre el expresidente y la exprimera dama siempre estuvo en el centro de los medios durante la gestión de Fernández, y los recientes eventos no han hecho más que amplificar ese interés.
Además, la decisión judicial podría abrir la puerta a nuevos debates sobre las pensiones de privilegio en Argentina y cómo deben ser gestionadas en casos de disputas legales.
La opinión pública también ha comenzado a cuestionar si las jubilaciones especiales otorgadas a exfuncionarios están acorde con las necesidades económicas del país, especialmente en tiempos de crisis.