El conflicto pesquero en Rawson se expandió a nivel nacional con nuevos despidos y paros

La Cámara envió telegramas de despido a sus trabajadores en respuesta a la huelga que comenzó el pasado 22 de julio, en la que se exige el cumplimiento del acuerdo paritario.

La industria pesquera de Rawson se encuentra en medio de un conflicto que ha trascendido las fronteras de la provincia de Chubut. Después de una serie de despidos masivos en las empresas asociadas a la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CaFACh), la situación se ha agravado considerablemente.

Desde la medianoche del viernes, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo ha decretado un paro que afecta a toda la actividad pesquera, desde el Puerto de Mar del Plata hasta Tierra del Fuego.

Esto ha paralizado todas las ramas de la flota pesquera, incluyendo la flota amarilla, barcos rojos, factorías, poteros, tangoneros y fresqueros, tanto aquellos que están en alta mar como los que ingresan al puerto.

La decisión de la huelga se tomó en respuesta a los despidos de una decena de patrones y oficiales, así como al mal trato y los insultos recibidos por parte de los armadores hacia los trabajadores y representantes gremiales. Los despidos continuaron el viernes, exacerbando aún más el conflicto.

A pesar de representar al 80% de los trabajadores afiliados al gremio, el Centro de Patrones no ha recibido respuestas de las empresas ni del ente mediador de la provincia de Chubut. Como resultado, la entidad presentó una denuncia ante el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. En la denuncia, se acusa al Ministerio provincial y a la Cámara armadora de la pesca local de permitir la escalada del conflicto mediante la continuación de los despidos.

El origen de este conflicto se encuentra en la violación del acta acuerdo paritario firmada en octubre de 2023. Dicho acuerdo estipulaba una actualización salarial vinculada a la variación inflacionaria.

Las empresas de CaFACh arrastran una deuda salarial desde enero, que supera el 50% del salario de los trabajadores hasta marzo. Los trabajadores consideran esta deuda como innegable y esencial para la resolución del conflicto.