En un fallo sin precedentes, la Justicia de El Salvador ha sentenciado a Ángel Geovany Guzmán González a 1.420 años de cárcel por su implicación en más de 70 delitos graves. Otros siete pandilleros de la Mara Salvatrucha también han recibido condenas que superan los 200 años cada uno.
La Fiscalía General de El Salvador ha informado a través de sus redes sociales que Ángel Geovany Guzmán González, miembro de la temida organización criminal Mara Salvatrucha, fue hallado culpable de una impresionante lista de crímenes, incluyendo siete homicidios agravados, 37 extorsiones agravadas y 25 casos de conspiración para asesinar.
Este veredicto histórico subraya el compromiso de las autoridades salvadoreñas en su lucha contra el crimen organizado y la violencia pandilleril que ha asolado al país durante décadas.
En el mismo juicio, 45 miembros adicionales de la Mara Salvatrucha fueron sentenciados por delitos que incluyen el asesinato de fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil, ocurridos entre 2018 y 2019 en diversas localidades del país. La Fiscalía detalló que los acusados también fueron encontrados culpables de extorsionar a transportistas y vendedores de mercados, a quienes exigían pagos de hasta 10.000 dólares. Este dinero estaba destinado a financiar la defensa legal de los pandilleros encarcelados.
La gravedad de las penas impuestas refleja la magnitud y el impacto de los crímenes cometidos por estos individuos. Francisco Borromero López Pérez recibió una sentencia de 308 años, Carlos Eduardo Díaz Rodríguez fue condenado a 567 años, Hugo Alexander Argueta Bonilla a 764 años, Cristian Alfredo Majano Lazo a 277 años, Luis Enrique Osorio García a 288 años, Kevin Antonio Romero Martínez a 338 años y Joel Santiago Zelaya Pérez a 208 años. Estos castigos ejemplares buscan enviar un mensaje contundente a las organizaciones criminales sobre la determinación del sistema judicial de El Salvador para erradicar el crimen y proteger a sus ciudadanos.
La severidad de las sentencias ha sido recibida con reacciones mixtas en la sociedad salvadoreña. Mientras algunos celebran la firmeza de la Justicia como un paso necesario para la paz y la seguridad, otros señalan la necesidad de abordar las raíces socioeconómicas que alimentan la violencia y el reclutamiento pandilleril.
La lucha contra las pandillas en El Salvador sigue siendo un desafío formidable. Las autoridades continúan implementando medidas tanto punitivas como preventivas para desmantelar las redes criminales y brindar alternativas a los jóvenes en riesgo de caer en las garras de la delincuencia organizada.
La sentencia de Guzmán González y sus cómplices es un hito en este esfuerzo, marcando un punto de inflexión en la batalla contra la impunidad y la violencia que ha caracterizado la vida en muchas comunidades del país.